Qué pueden hacer los países y gobiernos para detener el alza de la malnutrición en todas sus formas y mitigar los efectos de la crisis de la COVID-19?zFAO

Las caídas de los ingresos y pérdidas de empleo en personas vulnerables implican que una parte de la población vuelva a caer en condiciones de pobreza y a sufrir hambre. Por otra parte, el confinamiento y pérdida de ingresos conlleva un menor acceso a alimentos en la cantidad y calidad necesaria para su vida, e implica reemplazar alimentos de mayor costo por dietas menos saludables, compuestas por alimentos con altos contenidos de azúcar, calorías y grasas saturadas, generando aumentos en el sobrepeso y en la obesidad.

Por todo lo anterior, una de las medidas más importantes para los países es continuar con la recuperación económica y las políticas que promuevan el empleo, especialmente para mujeres, grupos sociales más afectados y personas que habitan en territorios rezagados. 

En general, las personas que viven en situación de pobreza solo cuentan con su trabajo para obtener ingresos; por ello, empleos de calidad les permite tener un mejor y más estable consumo de alimentos y una mejor calidad de vida. Las políticas orientadas a actividades generadoras de ingresos son esenciales para incrementar los ingresos de las personas y, por tanto, contribuyen a la reducción del hambre.

La protección social cumple un rol central dado su potencial para promover la generación de ingresos, apoyar la resiliencia de las personas que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad, e impulsar y acelerar los progresos en el ámbito de la seguridad alimentaria y la nutrición. Asegurar la continuidad de los programas de protección social de las familias -como los de transferencias monetarias y la asistencia alimentaria- será clave hasta que se recuperen los empleos e ingresos de las personas más afectadas por la pandemia.

Los programas de protección social y creación de oportunidades económicas, deben ser acompañados de intervenciones de salud (incluyendo de agua y saneamiento) y educación, relacionadas con la alimentación y nutrición, especialmente en los primeros años de vida. Estas se conocen como "medidas de protección social sensibles a la nutrición".

Los programas de alimentación escolar de los países son una de las medidas de protección social sensibles a la nutrición más importantes. Con mayor cobertura, calidad nutricional y garantizando la infraestructura necesaria, permiten mejorar las condiciones nutricionales de los niños, niñas y adolescentes. Durante la pandemia muchos escolares no pudieron asistir a la escuela y vieron afectada su alimentación escolar. Es por esto que es muy importante asegurar su continuidad como política pública regular y ante situaciones de desastres o crisis sanitarias, asegurar la alimentación en cualquier contexto.

Dado que la agricultura familiar y la pesca artesanal son de las principales fuentes de ingresos y alimentos para una parte importante de la población, es muy importante apoyar los medios de vida de las personas dedicada a estas actividades. Esto permite apoyar la reactivación económica a nivel local y proteger la seguridad alimentaria de una buena parte de la población. En este sentido, son especialmente relevantes las medidas orientadas a mejorar el acceso a activos financieros y no financieros, a servicios rurales, así como la diversificación de la producción y la expansión de las innovaciones digitales para la comercialización.

Otra medida recomendada es la implementación de planes de seguridad alimentaria y nutricional enfocados en niños, niñas y adolescentes, mujeres y grupos sociales y territorios más impactados por los efectos de la pandemia. Incluyendo políticas orientadas a elevar el consumo de alimentos saludables, y a desincentivar los productos altos en azúcar, calorías, sal y grasas saturadas, como las leyes de etiquetado de alimentos.

Por último, se deben impulsar políticas para mejorar la resiliencia de los sistemas agroalimentarios en aquellos eslabones que la pandemia demostró que son más vulnerables a shocks, como mercados mayoristas, mercados locales y de barrio, algunas agroindustrias claves, así como el transporte y la distribución de alimentos.

Todas estas políticas necesitan de compromiso político y de la coordinación intersectorial, traducido en capacidades humanas y financieras adecuadas, que se mantengan en el tiempo e incluyan a los distintos actores y sectores del sistema agroalimentario.